Caso Galvexsa: La Junta dice que el PP defiende el interés privado y Hernández Carrón "que el fin no justifica los medios"

La vicepresidenta económica de la Junta María Dolores Aguilar, ha afirmado hoy que el PP defiende los intereses de una empresa privada de Toledo, mientras que el parlamentario del PP, ha considerado que, aunque está por el desarrollo industrial de la región, "el fin no justifica los medios".

Así se han expresado hoy en la Asamblea de Extremadura en relación con la creación de Galvanizados de Extremadura (GALVEX), cuyos promotores y la Sociedad de Fomento Industrial de la región (SOFIEX), que participa en aquélla en un 49 por ciento, han sido denunciados por una empresa toledana por presuntos delitos de competencia desleal, espionaje industrial y revelación de secretos empresariales.

Aguilar ha comparecido a petición propia, en comisión parlamentaria, y ha informado de que la SOFIEX ha participado en GALVEX, radicada en Casatejada (Cáceres), por las ventajas que desde el punto de vista económico, laboral, del mercado del galvanizado y de ubicación geográfica representaba el proyecto.

En este sentido, ha valorado la creación de 30 ó 40 puestos de trabajo directos o que, a cinco meses de su puesta en marcha, tenga una cartera de pedidos para dos años de trabajo.

Aguilar, que ha dudado del interés del diputado popular por defender los intereses de los ciudadanos extremeños, ha dicho que se ha sentido ante un tribunal y frente al abogado defensor de Galvanizados Toledo, del Grupo Duero, la empresa demandante.

La vicepresidenta ha preguntado a Hernández Carrón si ha sido "consciente" de haber puesto en peligro la creación de ese número de empleos o una inversión inicial de cuatro millones de euros, pero que llegará a siete.

También le ha cuestionado sobre si está defendiendo el interés de la empresa demandante "a sabiendas" y ha dicho que la información que maneja el diputado sólo ha podido obtener por dos vías: Galvanizados Toledo y un despacho de abogados de Madrid.

La vicepresidenta económica ha asegurado que "es más que dudoso" que haya habido competencia desleal, que Galvanizados Toledo no tenía el producto ni patentado ni registrado y que esta empresa no ha reclamado en su demanda ni indemnización ni medidas cautelares.

Aguilar ha indicado que la denuncia ante el Juzgado Mercantil de Badajoz, en la que se acusa a la SOFIEX, ha sido suspendida a la espera de que finalice el proceso penal por otra querella presentada en Madrid por un presunto delito de violación de secreto.

Hernández Carrón, por su parte, ha advertido que él no se ha inventado esas dos demandas y que está "legitimado" para controlar el uso de dinero público, aunque se le negado información y la comparecencia parlamentaria de la directora de la SOFIEX, María Angustias Ventura.

En este sentido, ha resaltado que se le negado el Plan de Negocio de GALVEX con los "mismos argumentos" usados por la firma querellante: el secreto empresarial.

El diputado popular ha recordado que Eduardo Benavente, promotor principal de GALVEX, pidió la participación de la SOFIEX con un plan de negocio en los que figuraban los 25 mejores clientes de Galvanizados Toledo y otra información que sólo manejaba en su calidad de alto ejecutivo de esta empresa.

Benavente uso el ordenador de Galvanizados Toledo para proyectar su futura empresa, desde el que intercambio correos electrónicos con el Área de Negocio de la SOFIEX, y siguió trabajando con los demandantes tres meses después de haberse constituido GALVEX, según el PP.

El diputado socialista Valentín García ha destacado la "transparencia" de la SOFIEX en este asunto y que este caso demuestra que la derecha cree más en lo privado que en lo público.

Foto: www.Extremaduraaldia.com